Mientras los canales de televisión destacaban antenoche una “ola de asaltos” en la zona oriente de Santiago, la gran mayoría de las universidades tradicionales, algunas privadas y más de 200 colegios se encuentran en paro o en toma en rechazo a la Ley General de Educación, consensuada entre el gobierno y la derecha. Para los estudiantes y profesores el proyecto de ley es insuficiente al no garantizar la calidad de educación a todos los segmentos sociales y mantener el lucro en la educación.
En Valdivia fueron detenidos 10 estudiantes luego de que carabineros atacara a más de un centenar de estudiantes movilizados de la Universidad Austral. Se suman a otros 17 apresados por las huestes de Bernales en el desalojo del campus Miraflores la mañana de ayer. La entrada del carro lanza aguas destruyó también 30 tesis de grado que estaban al interior del edificio del decanato. La movilización se suma a la que sostienen casi todas las universidades tradicionales del país y más de 200 colegios en rechazo a la LGE.
Durante la misma jornada el Instituto Nacional en Santiago fue ocupado por los estudiantes y el INBA fue desalojado por la policía, que detuvo a 40 estudiantes.
Son casi 60 los colegios que se encuentran ocupados en la Región Metropolitana y unos 45 están en cese de funciones. Hasta el viernes, según el Canal Experimental de la Universidad de Chile, estaban tomados el Liceo de Aplicación, Liceo Carmela Carvajal; Liceo 1 Javiera Carrera; Liceo Lastarria; Complejo Educacional la Reina; Francisco Frías Valenzuela; Liceo Experimental Artístico; Manuel de Salas; Liceo 7 Santiago; Liceo Tajamar; Colegio Confederación Suiza La Reina; Liceo Eugenio María de Hostos; a-13 Confederación Suiza de Santiago; Liceo Arturo Alessandri Palma; Instituto Claudio Matte; Liceo Vicente Perez Rosales y el Liceo Miguel Luis Amunátegui, entre otros.
A estos, se suman distintos grados de movilización en las universidades tradicionales e, incluso, en algunos centros privados, como el Inacap o una sede de la Universidad Autónoma. Los estudiantes de la Universidad de Chile, cuya casa central está tomada, llaman a realizar una marcha este jueves.
Movilizaciones en ascenso
Las movilizaciones llevan más de un mes. Los estudiantes de las universidades de Valparaíso, Católica de Valparaíso y Federico Santa María, durante abril protagonizaron grandes protestas unidos a secundarios de la región costera.
El 28 de mayo fue la primera movilización nacional, la que dejó un saldo de 633 detenidos. En Santiago marcharon por la Alameda unos cinco mil jóvenes, convocados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Universitarios (Aseus), los que marcharon pese a que la Intendencia no dio permiso para manifestarse. Hubo también protestas en Antofagasta, Viña del Mar, Concepción, Temuco y Valdivia.
En esa jornada, el ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo que el gobierno “no tiene muy claro” qué pretenden los estudiantes: “Creemos que estas movilizaciones responden a otros propósitos, más que al deseo de mejorar las condiciones de la educación”- señaló. La postura evidenció la política del gobierno de Bachelet de desconocer las demandas estudiantiles y reprimir las movilizaciones en ascenso.
El mismo día Amnistía Internacional en su informe anual alertó sobre la excesiva fuerza que utiliza la policía chilena para disolver manifestaciones. El vocero de la Moneda, Francisco Vidal, respondió que “la respuesta a esa observación es que el Gobierno de Chile va a preservar el orden público como una conquista de la democracia. El desorden público es lo peor que le puede hacer a la democracia”. Las imágenes de las protestas del centro ese día mostraron como un carro de Fuerzas Especiales de carabineros arrojó, siguiendo una costumbre habitual en jornadas de movilización, gas lacrimógeno al rostro de un anciano de 75 años que transitaba por la calle y detuvieron a un reportero de Radio Canelo.
La segunda jornada de protestas fue el 4 de junio, día en que pese a la lluvia más de 8 mil profesores y alumnos salieron a protestar en Santiago. Ese día desde la Moneda se ordenó a la policía no detener a tantos manifestantes para así bajarle el pulso a la protesta y no repetir la bochornosa situación de la protesta anterior o de las masivas jornadas del 2006, que arrojaban más de mil detenidos los días de movilización. En total hubo sólo 24 estudiantes secundarios detenidos y un profesor herido en su ojo derecho, quien luego de ser dado de alta en el hospital fue detenido y conducido a la 4ª Comisaría de Santiago.
El presidente de la FECH, Jaime Zamorano, calificó la jornada como “un éxito” porque pese a la lluvia hubo gran asistencia y demostró “que el rechazo (a la ley) es generalizado”. Por su parte el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, aseguró que más del 90% de los profesores no realizaron clases.
En regiones la protesta tuvo una adhesión que superó el 80%. Hubo marchas en casi todas las ciudades, que dejaron a 27 estudiantes detenidos en Iquique; otros 11 en Temuco y movilizaciones incidentes en Valparaíso, Concepción y Valdivia, entre otras ciudades.
El rechazo a la LGE
Como “histórico” definió la presidenta Bachelet el acuerdo con la derecha suscrito en diciembre del año pasado. Era tal su felicidad que invitó a los ministros y dirigentes políticos presentes a tomarse de la mano y alzarlas como muestra de unidad nacional. Atrás de ella aplaudían los grandes grupos empresariales, propietarios de colegios, investigadores en educación de centros de estudios conservadores y la cúpula de la iglesia católica. No estaban, eso sí, quienes antes que nadie denunciaron la crisis de la educación en Chile: los dirigentes secundarios y los profesores, quienes se habían retirado de la mesa negociadora 4 días antes de la entrega del informe.
El Consejo Asesor había entregado antes a la presidenta las conclusiones a las que había llegado: Propuso la creación de una superintendencia de educación, encargada de velar por el buen uso de recursos fiscales; la creación de una agencia certificadora de la calidad de la educación. Pero no contemplaba las principales demandas de los estudiantes movilizados en la revolución pingüína del 2006: el retorno al Estado de los colegios precariamente administrados por los municipios, el fortalecimiento de la educación pública, el fin del lucro en la educación, acabar con la discriminación y selección arbitraria de estudiantes, revisar la Jornada Escolar Completa (JEC), promover mejoras curriculares y la participación de la comunidad educativa.
El propio presidente del Consejo Asesor, Juan Eduardo García Huidobro, dijo al periódico El Mostrador que el consenso entre el oficialismo y la oposición diluyó los cambios necesarios. García señaló que “no hay real libertad si la educación es pagada, lo que es un error de la Concertación, no de Pinochet”. Además sostuvo que “una ley general debiera tener mucha más claridad en las metas éticas. La educación particular subvencionada tiene que tener algunas obligaciones desde el punto de vista de integración social, que están diluidas. Algo se trató de hacer con la no selección, pero esto que era el aspecto ganado, se suprimió. Lo que quedó como selección es claramente una chacota. No tiene fuerza. Es hasta sexto básico, está supeditado al proyecto educativo del colegio. Y no logra hacer peso ni diferencia. Y frente a eso, tal como en otros puntos, existe una posición de chantaje: es todo o nada. Y eso viene de la Alianza”.
Para el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Opech, la LGE si bien deroga la LOCE, no modifica la Constitución; no modifica el rol subsidiario del estado; no se refiere a financiamiento, municipalización, condiciones de trabajo de los docentes y educación superior; prohíbe la selección “arbitraria” de alumnos sólo en los primeros seis años de Educación Básica, consagrando el derecho a seleccionar a partir séptimo básico, así como la “selección por proyecto educativo”; no se refiere a la educación superior; no cambia el SIMCE y no prohíbe el lucro.
Entre sus efectos, el Opech destaca que favorece a quienes tienen más y no a quienes más lo necesitan; genera una dramática situación de segmentación educativa; favoreció la privatización de la educación escolar, pese a que está demostrado que el sistema de subvención de la educación privada demostró no ser un medio eficiente para mejorar el aprendizaje de los alumnos.
Entre los problemas del sistema educativo chileno, el Opech acusa la baja calidad; la baja pertinencia social para los sectores populares; la alta inequidad que genera y la segmentación socioeducativa en el Sistema Escolar, que produce un “Appartheid” educativo.
El costo de estudiar en Chile
Según un estudio de la OECD – Organization for Economic Co operation and Development – divulgado en mayo último, los aranceles del sistema universitario chileno se ubican entre los 6 más caros del mundo, además de exhibir el país uno de los mayores niveles de privatización de la enseñanza, que alcanza al 75% de la matrícula. Además, el estudio realizado en 24 países señala que el 85% del gasto que realizan las universidades en sus alumnos lo financian los propios hogares de estos.
Las universidades tradicionales están obligadas a autofinanciarse. La estatal Universidad de Chile recibe sólo un 20% de aporte estatal, situación que se replica a lo largo del país. Así las universidades para financiarse recurren al alza constante de aranceles. Una carrera de la salud es común que cueste 5 millones de pesos anuales.
Según el estudio de OECD, el costo promedio de una carrera universitaria en nuestro país es de 3.140 dólares anuales, costo sólo superado por Estados Unidos. O sea, estudiar en países como Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda o México, reconocidos mundialmente por su calidad educativa, resulta mucho más barato que en Chile.
Una ministra sorda
La deriva de la LGE da cuenta de las fórmulas sancionadas por los estamentos dirigentes del país para no cambiar un ápice algo que gran parte de la ciudadanía exige cambiar. El acuerdo entre el gobierno concertacionista y la derecha es uno más de los acuerdos cupulares de la transición pactada, visibilizado solamente por la fuerza de la protesta de los estudiantes.
Claro que el acuerdo alcanzado con la Alianza está roto al negarse la derecha a aceptar dos indicaciones propuestas al proyecto de LGE que intentaban remediar en forma mínima el olvido de las bases.
En un intento de salvar la incómoda situación, la presidenta Bachelet tuvo un intercambio epistolar con los partidos de derecha, justificando no retirar las indicaciones al proyecto que reforma la LOCE. Tanto la UDI como RN respondieron que aprobar el proyecto con las dos indicaciones propuestas pasa por alto el acuerdo sellado en noviembre de 2007.
Las indicaciones apuntan a definir con precisión el concepto de educación pública, gratuita y pluralista, idea que no se encontraba señalado en el proyecto acordado de LGE, evidenciando que la iniciativa no recogió las demandas estudiantiles que provocaron la revolución pingüína del 2006. La otra indicación se refiere a disminuir de cuatro a uno el tiempo en que los sostenedores deben tener un giro único en educación.
Es común, sobre todo en universidades privadas e institutos profesionales, que junto al giro educativo las sociedades tengan otros de interés inmobiliario, a través de los cuales recogen las jugosas ganancias del negocio en que han convertido la educación.
Cuando fue rectora de la Universidad Católica de Temuco, la actual ministra de Educación dejó una profunda huella de autoritarismo. Aún sus alumnos recuerdan las sanciones que la rectora promovió luego de movilizaciones estudiantiles. Además Jiménez es partidaria acérrima del lucro en la educación, tiene estrechos vínculos con sostenedores como Mariana Aylwin y conformó un equipo técnico de claro tinte neoliberal para que la asesorara.
Claro que el desempeño de la ministra de Educación en la actual coyuntura ha sido deplorable. A su nulo manejo político une su obstinación en no recibir a los estudiantes, cosa que le costó caro a Martín Zilic, quien enfrentó la revolución del 2006. Recién esta semana recibió al Directorio Nacional del Colegio de Profesores, a los que les dijo que el gobierno no retiraría la LGE del Congreso .
Mauricio Becerra
Fuente: "El Ciudadano".
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