SANTIAGO (Reuters) - Centenares de profesores chilenos se sumaron el lunes a las protestas de estudiantes en contra de un proyecto de ley que, consideran, amplía la brecha entre ricos y pobres y no logra mejorar la cuestionada calidad de la educación pública en el país.

Se trata de la segunda huelga de los profesores en menos de un mes.

Según la policía, unos 1.000 profesores y estudiantes se reunieron a mediodía en la Plaza de Armas de Santiago, la principal de la ciudad, en un acto pacífico, pero que terminó con 12 detenidos en incidentes menores cuando la policía disperso un intento de marcha hasta la sede de Gobierno.

El gremio Colegio de Profesores aseguró que cerca de un 90 por ciento de los maestros en la capital y otras zonas del país acataron una paralización, aunque el Gobierno indicó que en las escuelas se realizaron "jornadas de reflexión" sobre la calidad de la educación que habían sido concertadas con anterioridad.

"El paro se ha instalado en todo el país. Ha sido una convocatoria acogida por el magisterio y creo que es la primera señal que estamos dando esta semana al Parlamento y a la presidenta de la República de que hay que retirar este proyecto," dijo a periodistas Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores.

"Nuestra demanda es justa y legítima. Hay que cambiar la educación en este país," agregó el dirigente sobre la movilización en la Plaza de Armas. Para el miércoles, los profesores tienen previsto protestar en la sede del Congreso en el puerto de Valparaíso.

El proyecto de ley busca mejorar la calidad de la educación, que según dirigentes estudiantiles y de los profesores, no logra repuntar pese a que el país registra un superávit fiscal récord.

Varias escuelas y sedes universitarias chilenas se encuentran ocupadas desde hace semanas por manifestantes en rechazo a la Ley General de Educación (LGE).

Esa iniciativa busca modificar una previa, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), creada un día antes del término de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

"La Ley General es mucho mejor que la LOCE y la vamos a defender y vamos a seguir adelante," dijo a periodistas la ministra de Educación, Mónica Jiménez. Sin embargo, para estudiantes y profesores, los cambios no son suficientes.

OLLA DE PRESION

La demanda de una mejoría en la educación chilena, en momentos en que el país tiene los bolsillos llenos por los altos precios del cobre, el principal producto de exportación del país, provocó masivas movilizaciones de estudiantes secundarios en el 2006 y las protestas han resurgido en las últimas semanas.

En el ojo de la tormenta está la Ley General, un proyecto del Gobierno para reformar la normativa sobre la enseñanza y que nació tras la "revolución pinguina" -el nombre con que se conoció el movimiento de los secundarios-, pero que ha dejado disconformes en las escuelas y universidades del país.

Un punto clave para los manifestantes es que el proyecto no fortalece a la educación pública, que es gratuita, frente a las escuelas privadas.

También cuestionan que la ley no elimine la "visión de negocio" de las escuelas particulares subvencionadas, una tercera modalidad en que los establecimientos educacionales son regidos por privados, pero con aporte de fondos gubernamentales.

"Con la plata que tiene ahora el país se podría pagar la educación pública. Nosotros propiciamos una educación pública de calidad, con todos los recursos y medios necesarios, y terminar con las escuelas subvencionadas," dijo Andrea Muñoz, profesora de castellano y dirigente de una escuela secundaria de Santiago.

En el primer trimestre, Chile tuvo un superávit fiscal récord equivalente a un 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

"Creo que el problema de fondo es la falta de recursos para la educación, obviamente para la estatal porque la privada tiene como sostenerse. Creo que obviamente eso ha aumentado la diferencia entre ambas," dijo Lidia Martínez, una estudiante secundaria de 16 años de edad.